La ley de amnistía entró en vigor hoy, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 11 de junio y desde entonces ha beneficiado a 74 personas, la mayoría afectadas por procedimientos en Cataluña.
Por el contrario, en las instancias judiciales de Madrid, donde se suceden los casos políticamente más complejos, los tribunales han exhibido las devoluciones en plena aplicación.
Transcurridos estos tres primeros días, el número de beneficiarios es bajo, debido a la buena estimación realizada en su día por la Agencia Tributaria, que calculó que al menos 486 personas podrían recibir el olvido penal.
Uno de los datos más sorprendentes es que de los 74 beneficiarios, 50 son policías
En el documento, la ley establece un plazo de dos meses para su cumplimiento, pero lo cierto es que la interpretación que los tribunales han hecho de su propia ley, así como los recursos inyectados en otros casos demostrarán su aplicación más adelante en el proceso. tiempo.
Uno de los datos más sorprendentes es que de estos 74 beneficiarios -según datos facilitados por ACN-, 50 son miembros de la policía. De ellos, 46 son agentes del Cuerpo Nacional y otros cuatro son los Mossos de Squadra, todos ellos investigados en los juzgados de Barcelona por su actuación en las manifestaciones, en concreto por las acusaciones en los centros de votación del 1 de octubre de 2017. Algunos de ellos Algunos policías pidieron amnistía, otros no.
Los condenados del «juicio»
El Tribunal Supremo decidió que la amnistía sólo se aplica parcialmente a los condenados en la sentencia del juicio. Se benefició de la ley por el delito de desobediencia, pero no por malversación de fondos.
Esto es así porque, al tener una interpretación muy cuestionable de la ley, la Corte Suprema considera que la norma aprobada por el Congreso no es aplicable a este último delito porque incluso los condenados Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa Y Jordi Turull. Para quienes recibieron el indulto del Gobierno y fueron detenidos, la amnistía supuso la supresión de la pena de inhabilitación sin que nadie pudiera participar en elecciones ni acceder a cargos públicos. Esta situación pesa especialmente en el caso de Oriol Junqueras y Jordi Turull, todavía en la primera línea de la política.
Llaves
La situación de Puigdemont
A Carlos Puigdemontigual a Toni Comín Y Luis Puig También ocurre algo extraño. Se benefició del olvido penal por el delito de desobediencia, pero no por el de desacato. A partir de ahora la única fuga de Puigdemont pasó a ser un archivo, todavía recurrente, debido al Tsunami Demcràtic sobre el que se había llevado a cabo una investigación terrorista. Esta decisión, sin embargo, no tiene nada que ver con la ley de Amnistía, a pesar de un error procesal por parte del juez García-Castellón.
En el caso de la secretaría general de ERC, Marta Rovira también se benefició de la ley de Amnistía en medio de la cual decretó su acusación por el delito de desobediencia. Paralelamente al archivo de las causas del Tsunami, se abrió el camino para regresar a casa sin tener que pasar por la comisión. Presumiblemente esta semana volverá a Cataluña del mismo modo Rubén WagensbergTambién se benefició del archivo del caso Tsunami. El derribo de este sumario repercutió en el resto de independentistas, pero al mismo tiempo no curó la relación con la ley.
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La amnistía de Miquel Buch
Un caso en el que hay una relación directa con Amnistía es el de miquel buchEl ex consejero de Interior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha exonerado de todos los cargos que pesaban sobre él, incluido un delito de omisión de asistencia que fue impugnado, poniendo de relieve una importante discrepancia en la interpretación de la ley por parte de los tribunales.
Respecto a Buch, hubo una condena de cuatro años por malversación y prevaricación por haber negociado un almizcle, miquel escola que coordinó la protección de Carles Puigdemont en Bruselas. Este oficial también recibió perdón penal.
Junto a ellos, el tribunal catalán también aplicó en decisiones posteriores la amnistía a otros diez activistas, todos ellos implicados en casos de desorden público ocurridos entre 2018 y 2020.
Alcaldes y manifestantes
Otros juzgados catalanes, como el de Figueres, han aplicado la ley. El alcalde de esta población. Marta Felipe obtuvo procesamiento penal al igual que el secretario municipal de Hostalric. Ambos fueron acusados de colaborar con el 1 de Octubre.
En general, el porcentaje de activistas que se beneficiaron de Amnistía, según un informe elaborado por ACN, es con diferencia el mayor porcentaje de acusados o condenados por desórdenes públicos.
En estos casos se abrió el recuento de los kilómetros de casos que no habían sido condenados, pero sí sancionados con la aplicación de la ley vice y la Generalitat abrió la posibilidad de trasladar las sanciones impuestas si se demostraba que tenían relación con la prueba». En estos casos se ha producido un error formal debido a la ley.
El propio Departamento de Interior de la Generalitat aseguró que la cifra podría llegar a los 100.000 casos y creó un formulario digital para la devolución. Ahora el número de sanciones canceladas o revocadas ya no es público.
La larga lista de casos pendientes
Uno de los casos más relevantes aún pendientes de resolver en los juzgados catalanes es el que afecta a los parados del «juicio», Giuseppe María Jové Y luis salvador. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya considera a los posibles beneficiarios de la amnistía en línea con la notificación abierta por el Tribunal Supremo, pero está pendiente de si se abre un perjuicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como se han solicitado acusaciones detalles. En este caso el consultor también está interesado Natalia Garriga.
Otro ejemplo es el de los diputados al Parlamento de Cataluña en 2017, a la espera de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el que presidía en su día el republicano Roger Torrente, en este caso, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. Otro asunto aún por resolver en la misma línea es el del presidente de la Generalitat Quim Torra acusado de desobediencia.
Otra causa relevante que, en este caso, desmoraliza es la resolución de la causa abierta por el Tribunal de Cuentas por las responsabilidades económicas derivadas de las decisiones adoptadas por los sucesivos gobiernos de la Generalitat durante el juicio. Esta demanda afecta a aproximadamente 30 acusados, incluido el presidente. Arturo Mas y presumiblemente terminará esperando un fallo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto significa que no habrá una sentencia definitiva, sino que la decisión se tomará hasta que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre si el delito puede ser objeto de amnistía.
En menos de una década, jueces de toda Cataluña tienen casos pendientes de resolver que han afectado a los activistas que participaron en las protestas, a los alcaldes y concejales que participaron en la organización del 1 de octubre. Salvo que los recursos presentados sean perjudiciales, todos deberán resolverse dentro de los treinta días siguientes. Si quieres respetar la ley.
Caso aparte: el resumen del complot ruso
Un distinguido traductor ha seguido el informe tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Joaquín Aguirre, que decidió recurrir a la aplicación de la ley de amnistía para este caso en el que, entre otros, el expresident Carles Puigdemont, el expresidente Artur Mas, ex concejal de la Generalitat, Elsa Artadi o tu abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye.
Este caso, que ahora se atribuye a los acusados de traición a la patria -delito no previsto por la ley de amnistía- sorprende porque la Audiencia de Barcelona ordenó al juez dar instrucciones en este sentido, para que los informes del Gobierno de Puigdemont sean investigados con agentes rusos quienes supuestamente estaban comprometidos con la defensa de la independencia de Cataluña. La Audiencia consideró que las posteriores prórrogas no se habían resuelto en el procedimiento -en un caso similar al del juzgado de García-Castellón en la Audiencia Nacional-, pero el magistrado optó por un cambio de estrategia y abrió una parte separada de lo que ahora se remitió. al Tribunal Supremo, dado que algunos de los imputados habían sido denunciados.
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