La ampliación de los centros de datos de una reconocida compañía del sector tecnológico en Aragón ha provocado inquietud en varias organizaciones ecologistas, las cuales han presentado objeciones al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Estas agrupaciones advierten sobre el considerable impacto ambiental que podría resultar de esta expansión, indicando que el proyecto carece de medidas correctivas apropiadas para atenuar sus impactos negativos.
Un aspecto central de inquietud es el alto consumo eléctrico esperado para los nuevos centros de datos. Conforme a las proyecciones, cuando las instalaciones funcionen a máxima capacidad, la demanda de energía llegará a los 10.900 GWh anuales, superando el consumo total de la comunidad autónoma, que en 2023 fue de 9.679 GWh.
Este aumento en la demanda energética podría afectar el crecimiento de otros sectores económicos y provocar riesgos de cortes de suministro, según advierten las organizaciones ambientalistas.
Aparte del consumo de energía, el uso de agua para enfriar los equipos es otro factor que genera preocupación. Se calcula que los centros de datos necesitarán alrededor de 755.700 metros cúbicos de agua anualmente.
Además del consumo energético, el uso de agua para la refrigeración de los equipos es otro aspecto que suscita inquietud. Se estima que los centros de datos requerirán aproximadamente 755.700 metros cúbicos de agua al año.
Las entidades ambientalistas también ponen en duda las expectativas de generación de empleo vinculadas al proyecto. Apoyándose en experiencias internacionales, sostienen que las cifras propuestas podrían ser poco realistas y que el número de puestos de trabajo creados sería notablemente inferior al prometido. Asimismo, critican la falta de claridad y la ausencia de un análisis integral que evalúe simultáneamente el consumo de agua y la utilización del suelo en la zona.
La empresa promotora, por su parte, ha expresado su compromiso con la sostenibilidad, anunciando la instalación de plantas de tratamiento de agua en cada uno de los centros de datos con el fin de incrementar la eficiencia hídrica en un 10%.
Además, afirma que la expansión es ambientalmente viable y que se llevarán a cabo las acciones necesarias para minimizar y corregir los impactos durante la evaluación requerida.
Asimismo, asegura que la ampliación es compatible desde el punto de vista ambiental y que se implementarán las medidas necesarias para reducir y corregir los impactos durante la evaluación preceptiva.
El Gobierno de Aragón, que ha declarado el proyecto como de Interés General, destaca la importancia de estas inversiones para el desarrollo económico de la región. Sin embargo, las organizaciones ecologistas insisten en que los posibles beneficios económicos no justifican los impactos ambientales y sociales asociados, y consideran que el proyecto es opaco y contrario al desarrollo sostenible de Aragón.
Este debate refleja la creciente preocupación por el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección del medio ambiente, subrayando la necesidad de una planificación cuidadosa que considere tanto el progreso económico como la conservación de los recursos naturales.
