La Fiscalía brasileña defendió este miércoles, en el juicio de la confirmación de la condena a Robinho por violación colectiva en Italia, el ingreso en prisión del exfutbolista para evitar que el crimen «grave» que cometió quede «impune».
«No se puede permitir la impunidad de un brasileño que cometió un crimen en el exterior simplemente por el hecho de que Brasil no extradita a sus ciudadanos natos», afirmó el representante del Ministerio Público, Hindemburgo Chateaubriand, ante la Corte Especial del Tribunal Superior de Justicia, en Brasilia.
Chateaubriand respaldó así la homologación de la sentencia a nueve años de cárcel que la Justicia italiana impuso al exjugador de Real Madrid, Manchester City y AC Milan, por violar en compañía de cinco personas a una joven de origen albanés en una discoteca de Milán, en 2013.
En su opinión, «no hay prueba alguna» de que «no fue respetado el debido proceso legal» en los tribunales italianos, que ratificaron en firme la pena a Robinho en 2022 y ha solicitado que la misma se ejecute en Brasil, pues la Constitución brasileña prohíbe extraditar a sus ciudadanos natos.
El fiscal recordó que Robinho, de 40 años, fue sentenciado por «violar de forma colectiva» a una mujer «embriagada» en un reservado de una discoteca y que la relación no fue «consensual», como argumenta el exdelantero.
«La condena no solo tuvo en cuenta la palabra de la víctima, sino que hay conversaciones telefónicas interceptadas en las que el condenado (por Robinho) se ríe de la condición de la víctima» y que «confirman el acto sexual con la víctima de forma inconsciente», explicó.
Antecedentes del caso Alves: así fue el caso Robinho, condenado a 9 años por violación y nunca complicó la pena de prisión / –
En este sentido, subrayó que «reconocer el crimen grave de un brasileño juzgado» por un país con un sistema judicial reconocido internacionalmente es la única salida para que «no permanezca impune».
Antes de la exposición del Ministerio Público, José Eduardo Alckmin, uno de los abogados de Robinho, pidió que éste sea juzgado de nuevo en Brasil por una cuestión de «soberanía nacional».
Esa tesis fue rebatida por el fiscal, que citó varios tratados internacionales y bilaterales que recogen que, en los casos en que esté prohibida la extradición de nacionales, se homologue la sentencia bajo una serie de condiciones.
En este caso concreto, el fiscal cree que se puede aplicar la pena por el principio de analogía, algo previsto en la legislación brasileña, y además tiró por tierra el argumento de un nuevo juicio en Brasil, pues «no puede haber doble persecución penal por un mismo hecho».
El Tribunal Superior de Justicia, de tercera instancia, no entrará en el mérito del caso, sino que examinará si la condena se adecua a la legislación brasileña y, por tanto, si puede ejecutarse en el país.
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Para que eso ocurra será necesario una mayoría simple, la mitad más uno de los jueces presentes en la sesión
