La Generalitat ha decretado el primer estado de emergencia por sequía. El decreto entrará en vigor la semana próxima y afecta a 24 municipios. La mayoría de estas poblaciones (14) supera el nuevo límite de consumo de agua impuesto (200 litros por habitante al día). Los alcaldes de estos pequeños pueblos que gastan más agua de la fijada oficialmente se sienten señalados y piden más rigor al calcular el consumo real en sus poblaciones. Sobre ellos pesa la amenaza de sanciones que les impondrá la Generalitat si no logran que sus vecinos reduzcan el consumo. El Govern rechaza que su intención sea poner multas, aunque sostiene que es la manera más efectiva de que se cumplan las restricciones. Pero estos municipios no disponen de recursos para controlar el agua que gastan sus conciudadanos. Incluso si aprueban ordenanzas municipales que regulen el consumo, ven casi imposible que se puedan acatar porque algunos no tienen ni policía local para vigilar y sancionar a los que riegan el jardín o se duchan más de la cuenta. Los alcaldes se quejan que la administración superior les pasa una patata caliente sin considerar la capacidad limitada de actuación que tienen los ayuntamientos.
La sequía que sufre nuestro país es muy grave y las medidas de emergencia planteadas solo alargan la agónica reserva de los acuíferos mientras se espera la lluvia, pero no resuelven el problema estructural. Todos saben que ni las restricciones, ni el señalamiento de los que incumplen, ni las multas van a llenar los pantanos o van a atraer los chubascos. También es obvio que los ayuntamientos no tienen la llave para resolver el fondo de esta situación porque carecen de herramientas técnicas y económicas.
Y a todo esto se añade el recelo histórico existente en los municipios respecto a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el vigilante institucional que gestiona la crisis de la sequía. La ACA tiene un historial de capacidad económica mejorable y suma numerosas promesas incumplidas hacia los ayuntamientos. Por eso, debe recuperar la confianza en el territorio para así obtener la imprescindible autoridad moral para no solo hacer de policía del agua, sino para ayudar de verdad.
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