El brutal asesinato de tres carabineros en la madrugada de este sábado, incinerados dentro de su vehículo en la Región de la Araucanía, renovó cruelmente un conflicto que se ha levantado durante décadas y que una sucesión de gobiernos separados no ha resuelto en Chile. violencia atribuida a grupos mapuche en el país reaparece una y otra vez, incluido el envío de soldados y los tibios intentos de diálogo que tanto amaban al presidente Gabriel Boric.
A partir de mediados de 2022, en la zona abunda un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso, un arma constitucional que permite el estallido militar para ayudar a Carabineros (policía militarizada) a controlar el orden público, incluida la supervisión de las principales carreteras y caminos.
En la Araucanía y otras zonas de Chile, como el Biobío, existen desde hace décadas. disputa territorial dentro del estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales -propiedad de los grupos económicos más poderosos del país- que explotaban tierras consideradas ancestrales de los indígenas y que fueron en gran parte ocupadas por el Estado chileno a finales del siglo XIX.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y propiedades agrícolas, marchas callejeras y enfrentamientos, que han costado la vida a un gran número de comuneros mapuche, además de la muerte de policías.
En particular, tras el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca en 2018 a manos de Carabinieri, la relación entre comunidades e instituciones se vio interrumpida.
El vehículo policial que apareció este sábado fue incendiado en Los Álamos, en la región del Biobío, en el sur de Chile, con los cadáveres de tres agentes en su interior. Foto: REUTERSFue el gobierno del conservador Sebastián Piñera el que declaró, en octubre de 2021, el estado de excepción y la militarización de la zona de la Araucanía. Utilizaron más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas para fortalecer la fuerza policial. La medida, que inicialmente era de 15 días, fue renovándose posteriormente con el paso de los meses. Pero el conflicto no disminuyó.
Marcha y contramarcha de Gabriel Boric
El socialdemócrata Boric, que se reunió con miembros del gobierno chileno en marzo de 2022, prometió levantar este estado de excepción que, en su opinión, sólo intensificó el conflicto.
Al inicio de su gobierno, el joven presidente intentó establecer una vía de diálogo. Días después del verano envió a su ministra del Interior, Izkia Siches, a viajar a distintas localidades de la Región de la Araucanía. Pero la reacción no fue la esperada: recibieron disparos contra los autos del grupo, que no mataron a las víctimas sino que encendieron las alarmas. Su funcionario que fue evacuado por fuerzas de seguridad y el fallido intento de búsqueda dio un giro en la estrategia oficial para enfrentar el contenido de la masacre mapuche.
Carabinieri en una calle de la zona sur del país, cerca de donde apareció el vehículo con las cubiertas carbonizadas de tres agentes. Foto: AFP Boric se retiró de los militares derrotados por Piñera. Pero dos meses después se siguió adelante, viendo que la tensión amainaba, se recrudecia, con nuevos incendios y ataques. Fue cuando la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las organizaciones fundamentales para la movilización mapuche desde los años 1990 y que había reiterado ataques violentos en la zona, lo llamó “preparar fuerzas y organizar la resistencia armada”.
“Ningún gobierno ha podido todavía resolver el conflicto mapuche. No es un problema fácil”, afirmó. Clarín el politólogo Kenneth Bunker, director de la consultora Tres Quintos.
Dentro del propio movimiento mapuche existe un debate sobre cómo obtener la autonomía territorial. Algunos tendrán que definir el carácter plurinacional del Estado chileno, para darle a los pueblos originarios un reconocimiento negado durante más de 200 años. Otros, como la CAM, se abren a una “lucha por la liberación nacional”.
