En la Araucanía y otras zonas de Chile, como el Biobío, existe desde hace más de un siglo una disputa territorial entre el Estado, Comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales para los indígenas que estaban empleados en fuerza por el estado chileno.
El brutal asesinato de tres carabineros y el sábado renovaron cruelmente un conflicto de décadas que una sucesión de gobiernos separados no ha resuelto en Chile. La violencia atribuida a los grupos mapuche en el sur reaparece una y otra vez. pesa sobre el envío de soldados Ya los tibios intentos de diálogo que ha conocido el presidente Gabriel Boric.
Un avance importante en la cuestión indígena se produjo en 1993, cuando durante el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó una ley que abordaba el problema de la tierra, uno de los puntos claves del conflicto. Entre otras cosas, la legislación es estable. subvenciones para la adquisición y regularización de sueloscomo velo para la preservación y difusión del patrimonio cultural indígena o la implementación de programas interculturales en salud y educación, entre otros aspectos.
El problema es que, desde entonces, los gobiernos no han establecido un plan conjunto para abordar el problema mientras continúa la lucha del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales.
Desde la formación del Estado chileno en el siglo XIX, los indígenas perdieron sus tierras, en muchos casos, a través de prácticas poco claras o engañosas. Paulatinamente, la tierra pasó de manos de colonos europeos, especialmente trasladados al sur a partir de 1850, a sus descendientes y, más tarde, a empresas forestales, lácteas y agrícolas de gran importancia en la economía del país.
Además de sus terras, los mapuches piden que Hay un equilibrio entre la producción económica y los recursos naturales., esencialmente caro y no renovable. Sopesando la gran claridad que posee la región, las siguientes preguntas demuestran que la Araucanía y sus zonas de aledañas son el índice de pobreza más alto del país, elevando la tasa de pobreza general al 17,4%.
Hay una amplia gama de razones que explican el centenario conflicto trasandino. En la disputa por la tierra y el reclamo de respeto a los remedios naturales más acuciantes, otros puntos relevantes son planteados por los grupos mapuche -en la mayoría de los países pacíficos y opuestos a toda violencia-, es necesario verificar a esta comunidad con el alegato de reconocimiento desde que se creó el estado basura.
A partir de mediados de 2022 regirá en la zona un estado de excepción ratificado por el Congreso, un arma constitucional que permite desplegar militares para ayudar a Carabineros (la Policía militarizada). Vigilar el orden público, incluida la supervisión de las carreteras y caminos principales.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y propiedades agrícolas, marchas callejeras y mítines, que han costado la vida a un gran número de comuneros mapuches, además de la muerte de policías.
Fue el gobierno del conservador Sebastián Piñera el que declaró, en octubre de 2021, El estado de excepción y la militarización de la Araucanía.. Se gastaron más de 2.000 militares para fortalecer la fuerza policial. Pero el conflicto no disminuyó.
Boric, que celebró reuniones de gobierno en marzo de 2022, prometió levantar este estado de excepción que, en su opinión, no hizo más que intensificar el conflicto. Al inicio de su gestión, el presidente socialdemócrata intentó establecer un canal de diálogo. Boric se retiró de los militares derrotados por Piñera. Pero dos meses después tuve que dar un paso más, viendo que la tensión se reanudaba con nuevos incendios y ataques.
Fue cuando la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las organizaciones que había repetido ataques violentos en la zona, y que realizaba las investigaciones por el burro del sábado, le pidió “preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada”.
