Los funcionarios de Hacienda del Tribunal Supremo quieren que la Hacienda general del Estado, Álvaro García, tenga una defensa clara de los funcionarios de Hacienda en el juicio ante las acusaciones de ‘lawfare’ de los partidos independentistas, principalmente Junts. Por ahora, García ha evitado hacer una declaración explícita como hizo ante los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, 21 recaudadores y recaudadoras de impuestos de la Sección Penal del Tribunal Fiscal del Tribunal Supremo, en relación con las agresiones, insultos y amenazas llevadas a cabo por la Diputada de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, contra varios magistrados del Supremo Tribunal, del Tribunal Costitucional y altos funcionarios de la Guardia Civil, así como contra diversos periódicos, a quienes denunciaron haber intervenido profesionalmente por razones políticas e ideológicas en algunos procesos judiciales en los que intervinieron, vieron actuar al impuesto general.
Lee también
En el comunicado, pidieron expresarse sobre «represalias más enérgicas contra insultos, injurias y acusaciones falsas, vertidas en el foro parlamentario, contra las personas antes mencionadas, que no sólo atentan gravemente contra la dignidad personal e institucional de las personas afectadas». (miembros de otras granjas del Estado), ya que son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecha».
Consideran que se trata de un «ataque injustificable» contra la independencia judicial y contra la separación de bienes como principio fundamental de una sociedad democrática. Asimiosmo, recuerda que el artículo 124.1 de la Constitución establece expresamente que: “El Ministro Fiscal, sin perjuicio de las funciones recomendadas por otros órganos, tiene la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos”. protegidos por la ley, por el oficio o por la petición de los interesados, así como velar la independencia de los tribunales y asegurar la satisfacción de los intereses sociales ante ellos”.
De quienes afirman a García que adopte las medidas oportunas «para preservar la legalidad e independencia de los tribunales, actuación que está siendo indebidamente cuestionada por las manifestaciones y referencias».
