Es necesario desmantelar definitivamente los grupos o red de delincuentes especializados en robo de cobre de las infraestructuras de Cataluña. El éxito de este paso de Domingo a Rodalies ya ha obligado a cerrar el jarro, con una suspensión de cables metálicos en puntos clave del ferrocarril rojo que provocó el colapso total de este servicio, que aún hoy perdura y que ha influido en las decenas de kilómetros de usuarios (ayer eran 120.000). La reparación de los daños puede llevar mucho tiempo, incluso varias semanas, con las consiguientes consecuencias para los ciudadanos y la economía.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que tardarían hasta dos meses en volver a la normalidad y que las reparaciones costarían aproximadamente millones de euros, debido a una imagen de la enorme destrucción que causaron los autores del robot. Permítanme pedirles, sin embargo, que su ministerio tenga todo lo posible para acelerar los avances esperados.
La seguridad en las Rodalies no debe ser un tema de discusión, pero tiene la máxima prioridad
La Generalitat y los Mossos han descartado que se haya tratado de un sabotaje, aunque la ministra insistió en que el robot no parecía «muy aleatorio» y que la policía autonómica tuvo que velar por la seguridad ferroviaria porque más de la mitad de los accidentes en toda España se registran en Cataluña. Puente adelantó que acudirá a la justicia para investigar cuál fue la sucesión de Domingo y qué se llevará a cabo con los autores. El ministro señaló que quien realizó el acto vandálico “sabía lo que pasó” y manipuló la conexión eléctrica para “hacer daño”. Por él pidió a los Mossos que atacaran los constantes vandalismos que sufría Rodalies. El director de la policía catalana, Pere Ferrer, se declaró responsable de la seguridad ferroviaria porque cree que depende de Renfe y Adif. Pese a estas lamentables declaraciones, los Mossos cuentan con el Pla Metall para luchar contra los robos de cobre gracias a los que en 2023 hubo 186 presos, de los que el 72% tenían antecedentes. En 2022 habrá 435 personas detenidas o denunciadas por el mismo delito.
Estos delincuentes actúan en grupos organizados y gozan de impunidad judicial práctica porque las penas que se les imponen son muy bajas. Por lo tanto, el robot que cubre infraestructuras básicas debería considerarse un acto de sabotaje que supone un riesgo para la seguridad pública y debería ser castigado con mayor rigor. Por su parte, Adif, la empresa pública encargada de la infraestructura ferroviaria, debería estudiar mejores sistemas de protección para estos robots.
Los jueces y fiscales, los Mossos y los responsables de Adif deben colaborar más activamente para contrarrestar el vandalismo en el ferrocarril rojo y detener este improductivo intercambio de responsabilidades por el hecho de que usuarios sufridos asistan a estupefactos. La seguridad es un problema que deben abordar todas las administraciones por el bien del ciudadano.
